Luis Angel Martin. 08.12.11.
Miguel Ángel Rodríguez, abogado cacereño experto en Derecho Internacional,
será el encargado de defender ante la Corte Penal Internacional la primera
denuncia en la que se acusa a ETA de cometer crímenes contra la humanidad y de
genocidio en grado de tentativa.
El letrado, de 34 años,
defiende a Rosa Garrido, viuda de José María Félix Latiegui, muerto a tiros el
14 de abril de 1981 al salir de la planta de Moulinex en Usurbil (Guipúzcoa),
donde ejercía como director de producción. Los tribunales españoles argumentaron
que habían pasado más de veinte años de los hechos, por lo que quedaba prescrito
el asesinato del industrial vasco, presuntamente a manos de José Antonio
Zurutuza Sarasola, 'Capullo'. Ante este fallo, su viuda ha decidido llevar el
caso a instancias internacionales. «La justicia española se ha reído de mí, así
que recurro a la europea», declaró el pasado día 3 en una entrevista concedida
al diario El Correo.
En esa tarea le asesorará el
abogado criado en la Sierra de Gata y adscrito al Colegio de Cáceres, que empezó
estudiando en la Universidad de Castilla La Mancha y completó su formación en
las de Pavia y Génova (Italia), además de en la de Selva Negra (Alemania). Ha
impartido conferencias en España, Colombia y Argentina, y su currículum incluye
cuatro premios internacionales de investigación jurídica. A lo largo de su
trayectoria ha profundizado sobre las particularidades jurídicas de los crímenes
contra la humanidad, y ante el caso que llevará a ETA al tribunal de La Haya,
Rodríguez vaticina un proceso «largo y trabajoso».
En la denuncia presentada ante
el Fiscal de la Corte Penal Internacional, el abogado extremeño argumenta la
«situación de completa impunidad de los crímenes contra la humanidad consumados
por la organización terrorista ETA y de su genocidio en grado de tentativa
contra parte del propio grupo nacional perseguido».
Los
argumentos
Rodríguez mantiene que los
asesinatos selectivos y masacres como la del supermercado de Hipercor en
Barcelona o las bombas en casas cuartel de la Guardia Civil son en sí mismos
actos de genocidio. En cuanto al delito de crimen contra la humanidad de
persecución, menciona pintadas como 'ETA, mátalos', los cócteles molotov
lanzados a viviendas, las llamadas telefónicas amenazantes o el cobro del
'impuesto revolucionario'. «Ni uno solo de los autores materiales de estos actos
de persecución -añade el abogado cacereño- ha sido ni tan siquiera investigado
por crimen contra la humanidad de persecución».
Esa tipificación no figura en
el Código Penal español, explica Miguel Ángel Rodríguez, mientras que sí está
recogida en el Estatuto de Roma (artículo siete) y desde el Estatuto de
Nuremberg de 1945. La denuncia se remite también al Convenio Europeo de Derechos
Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles.
Su denuncia alude a las «miles de personas
deportadas» del País Vasco y «miles de desplazados internos», personas que se
vieron obligadas a dejar su lugar de residencia ante el acoso al que les sometió
la banda terrorista, «situación tan sólo asimilable en la Europa contemporánea a
la vivida en la ex Yugoslavia», añade. Rodríguez mantiene que está acreditado el
carácter de lesa humanidad, un delito que no prescribe y para el que no cabe la
amnistía.
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